RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA POR DELITOS DE CORRUPCIÓN

Dicho Régimen tiene el fin de sancionar a las personas jurídicas por los delitos de corrupción contra la Administración Pública, tales como cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y realización de balances apócrifos en empresas. Asimismo, se establece un plazo de prescripción de 6 años para los delitos de esta naturaleza, y las multas se cuantificarán del 2 al 5 por ciento del monto del beneficio que se podría haber obtenido por la comisión del ilícito. En otro orden, se prevé la posibilidad de crear un programa de integridad (lo que se denomina “compliance”) para prevenir la corrupción en el interior de la empresa. Por último, se aclara que la presente ley se encuentra pendiente de promulgación y publicación en el Boletín Oficial. Ponemos a disposición el texto del proyecto de ley girado el 27 de setiembre de 2017 a la Cámara de Diputados.